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El fiscal nacional, Sabas Chahuán, defiende el fortalecimiento del sistema de inteligencia, plantea que aprendieron su lección del caso bombas y no descarta que sus imputados estén nuevamente involucrados.

por Francisco Siredey Escobar

Sabas Chahuán (48) es el hombre en la cima de una de las instituciones más poderosas del país, encargada de perseguir los delitos y de resguardar a las víctimas. Para la primera tarea, cuenta con amplias atribuciones, pero un personal que considera escaso. Los 666 fiscales (no todos los cupos están siempre cubiertos) tienen una sobrecarga de trabajo y muchos han dejado el organismo. “Es preocupante que se vayan fiscales con experiencia, pero no creo que sea una fuga masiva. Incluso, es mejor que algunos se hayan ido”, asegura Chahuán, quien espera sumar 147 persecutores más -“lo mínimo para hacer bien el trabajo”- dentro de su plan de fortalecimiento de la institución.

El fiscal mira la hora y pide celeridad. Desde que estalló la bomba en el Metro Los Dominicos, su agenda ha estado copadísima, revisando distintas reformas legales en las que el gobierno ha pedido su colaboración. Una en particular le preocupa en este momento y es clave en su proyecto para robustecer la Fiscalía antes de dejar su cargo, en diciembre de 2015: un cambio a la Ley Nº 18.314 que le permita perseguir delitos de carácter terrorista con mejores perspectivas que en el pasado. La derrota en el caso bombas aún es recordada con frustración.

¿Por qué el Ministerio Público necesita nuevas atribuciones para investigar los bombazos?

Vengo planteando desde hace tres o cuatro años la necesidad de una reforma a la Ley Antiterrorista. Sin duda, Chile no tiene un fenómeno terrorista como otros países, pero hay ciertas organizaciones antisistémicas que utilizan métodos terroristas para conseguir sus fines. Son organizaciones más o menos jerarquizadas, con vínculos internacionales. Para combatir esas organizaciones no basta la ley común. Si el Estado estima que en las investigaciones de todos estos casos son graves y complejos, entonces requieren de técnicas especiales de investigación y debería existir la misma disposición jurídica, con las mismas herramientas. Por ejemplo, el informante o el agente encubierto. Creo que la gravedad del fenómeno terrorista no es menor. Está claro que hay que regularlo adecuadamente para respetar las garantías de todos, pero no olvidemos a las víctimas tampoco. O a las eventuales víctimas.

Entonces sí hay terrorismo en Chile.

No, pero ha habido delitos que calzan en la categoría de delitos terroristas. No es labor de la Fiscalía determinar si existe o no el terrorismo en Chile.

¿No están contenidas algunas de estas atribuciones especiales dentro de la Ley de Inteligencia Nacional, que norma el trabajo de inteligencia de las policías?

Distingamos: hay atribuciones que podrían estar en la Ley de Inteligencia, pero no para efectos de una investigación criminal hecha por la Fiscalía. Si se dice que las atribuciones actuales están para la Fiscalía en la Ley de Inteligencia es una ignorancia jurídica. Por algo los ministros, los parlamentarios y yo mismo hemos dicho que son necesarias nuevas atribuciones para la investigación. La Ley de Inteligencia rige la información que recaban las policías, pero esta no puede ser utilizada en juicios.

La Corte Interamericana de DD.HH. condenó a Chile por el uso de la Ley Antiterrorista en casos puntuales de procesos por delitos cometidos por personas de etnia mapuche. También hay diputados que la quieren eliminar. ¿No se puede prescindir de esta herramienta?

Sin meterme en atribuciones parlamentarias, yo creo que técnicamente debe existir una Ley Antiterrorista, con adecuación a los estándares de un estado de derecho. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que resguarda la Ley Antiterrorista es el orden democrático constitucional. Entonces, si busco proteger eso contra el terrorismo, es fundamental tenerla. Además, hay una serie de tratados internacionales suscritos que nos obligan a adecuarnos al fenómeno terrorista.

Ha habido serios problemas para perseguir de forma eficiente delitos de connotación terrorista en Chile. ¿Cómo subsanar las debilidades del sistema?

Los fiscales hacemos turnos, como en la Posta. Ese fiscal debe tomar las primeras decisiones y diligencias en cualquier delito, pero necesitamos hacer equipos especiales, equipos interdisciplinarios y analistas propios, porque dependemos de las policías en ese sentido. Los fiscales dirigen la investigación, pero no van a ir al sitio del suceso a hacer la pericia de la pólvora utilizada. Entonces, la responsabilidad es de las policías, sin duda, de que las pericias sean bien realizadas. Para ese tipo de delitos hay que tener equipos especializados. No los tenemos. Tenemos tres o cuatro analistas que no son de planta, son asesores de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Necesitamos una fiscalía de alta complejidad para contener la corrupción, el crimen organizado y delitos terroristas.

¿El equipo especial que lidera el fiscal Christian Toledo para investigar los bombazos sería un primer paso hacia esa especialización?

No es lo mismo. Habrá dedicación exclusiva, pero eso dista mucho de lo que estamos planteando. No tiene un equipo propio. Va a tener dos o tres colaboradores, un par de abogados asistentes. Yo estoy hablando de una cuestión integral, con analistas y personas dedicadas. Igualmente, es inédito tener un fiscal con dedicación exclusiva o casi exclusiva, pues igual tiene un remanente de causas pendientes e irá a juicios orales.

¿Y ya cuentan con los recursos para el funcionamiento de ese equipo?

Sí, allí hubo un ofrecimiento concreto por parte del gobierno de ayudarnos para poder redestinar. Le enviamos a Hacienda una petición que ha tenido buena recepción del gobierno, que de hecho ellos mismos lo ofrecieron. Vamos a ver si lo que se pidió llega. No estamos hablando de nada del otro mundo: arrendar una oficina, para que los policías estén allí asiduamente, haciendo el trabajo de análisis ahí y no en su cuartel. También queremos contratar a honorarios de dos a cuatro abogados para suplir las tareas de los fiscales que colaborarán con él. Tampoco vamos a pedir el oro y el moro, sabemos que no hay plata.

El gobierno quiere una resolución rápida. ¿Les dieron un plazo?

Es imposible poner plazos, pero sabemos que no podemos ser excesivamente cautelosos. Tampoco podemos llegar y acelerarnos de un día para otro. Hay que ser prudentes, hacer una multiplicidad de diligencias, porque, por ejemplo, usted puede tener la información suficiente para pedir una orden de detención, autorizada por el tribunal, obviamente. Pero esa información puede que no sea suficiente para que una vez formalizada la investigación le decreten la prisión preventiva.

Hasta ahora se percibe una relación fluida con el ministro Rodrigo Peñailillo. ¿Cómo la compara con la que tuvo con los ministros Rodrigo Hinzpeter y Andrés Chadwick? ¿Con cuál se ha sentido más cómodo?

Con Hinzpeter no fue una relación dramática. Fue evidente que tuvimos diferencias. El opinaba como ministro del Interior, lo que es legítimo. Por eso se veía más difícil. Por el contrario, con Chadwick tenemos una relación excelente desde que yo era fiscal regional y él era senador, además, es un tipo brillante. Con el ministro Peñailillo, aunque lo conozco desde hace menos tiempo, la relación es también excelente. Pero yo no estoy acá por una cuestión política, me he llevado bien con prácticamente todas las autoridades, aunque hay un par que han sido pesadas, pero eso pasa en todos los gobiernos. No hay otra que aguantar nomás. Estoy seguro de que hay personas que también me encuentran muy pesado.

¿Ha sido satisfactoria la labor de Carabineros y la PDI en estos casos?

Ellos mismos han reconocido que no. Las policías tienen responsabilidades enormes en esto, así como la Fiscalía.

También se han perdido varios casos emblemáticos en otros delitos. ¿Cuál es la autocrítica del Ministerio Público?

Claro que hay una autocrítica, pero depende mucho del caso. Ha habido pruebas deficientes, así como también fiscales que han presentado mal el caso.

¿Qué se aprendió de la derrota en el caso bombas?

Aquí ha habido una lección para todos los integrantes del sistema. Las policías sacaron lección sobre cómo hacer estas diligencias para satisfacer estándares que han puesto los tribunales, porque hay estándares que tienen que cumplirse sí o sí en un sistema acusatorio, “adversarial” y con estándares altos de exigencia probatoria. La fiscalía también sacó lecciones acerca de cómo ordenar la evidencia y de cómo presentarla en el juicio. No hubo evidencia suficiente y cometió errores que van a ser corregidos por este equipo.

El ex fiscal Peña y el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, apuntan a los mismos imputados del caso bombas como responsables de la seguidilla de incidentes de las últimas semanas. ¿Qué antecedentes manejan ustedes?

Yo no llevo la investigación. No se descarta que haya personas que hayan estado relacionados con casos anteriores, pero hay que respetar la presunción de inocencia, no se puede marcar a las personas para siempre. Si aparecen indicios se van a investigar. Hay personas que están presas en España y que estuvieron involucradas en casos anteriores en Chile, por ende, es una línea investigativa que se va a investigar. Si el ex fiscal Peña y el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) tienen antecedentes nuevos, que los pongan a disposición.

Chahuán considera que los grupos antisistémicos no se quedan atrás en contrainteligencia. “Son bien artesanales, pero funcionan. Si voy en el Metro y sé que me siguen, espero al último y veo quién salió conmigo o entro justo antes de que se cierren las puertas. Veo quién me sigue en Facebook, cosas así. También tienen ‘loros’ que hacen de punto fijo”, dice.

Se anunció una reforma a la Ley de Inteligencia para darle un brazo operativo a la ANI. ¿Alguna vez han recibido informes útiles de parte de la ANI?

Ha habido un par de casos en los que se le ha pedido información a la ANI a través de mí. Se ha entregado a la fiscalía solicitante y se ha enviado el relevamiento de secreto para orientar ciertas diligencias y ha servido, pero creo que, sin duda, debería modificarse la ley.

Hay sectores en la izquierda que ven con reticencia la opción de que se le den más atribuciones a la ANI…

Es que la ANI no actúa. Para medidas intrusivas necesita la autorización de un ministro de corte. Pero no seamos ingenuos. Hay que tener un sistema de inteligencia en todo Estado para resguardar el Estado social democrático, porque quienes atentan contra ese orden, tienen labores de “inteligencia”. Ellos recaban información, tienen una red virtual, tienen páginas que apoyan. Se victimizan por los medios. O sea, normalmente usted dispone, con autorización de un juez, que se entre y registre un lugar, e inmediatamente se habla de represión, de abuso, de fascistas. Se ignora que todo está dentro de un estado de derecho y realizando diligencias autorizadas para reprimir delitos. Si a usted lo acusan de fascista por tratar de perseguir los delitos, mala suerte, si para eso estamos.

¿Qué límites deberían tener las labores de inteligencia? En EE.UU., el Patriot Act ha generado mucha polémica…

Acá estamos hablando que los límites en un concepto inviolable, es la Constitución del país. Eso es innegociable. En algunos casos hay un interés superior que justifica que a usted “le violen” con autorización judicial las comunicaciones, la vida privada, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el que tiene que sopesar es un juez. La gran crítica que se hace a algunas leyes de otros países es que básicamente la autoridad administrativa esgrime los motivos de la acción ex post (después del hecho). Acá, si uno no quiere afectar derechos, debe ser ex ante, a priori, para que usted actúe de entradita con un revestimiento de legitimidad. Esa es la diferencia ineludible.

¿Entiende que existan resquemores porque la nueva ANI se parezca a la CIA o a los antiguos organismos de inteligencia que hubo en el régimen militar?

El problema es que todos estamos, como se dice en el campo, “espirituados” por la historia terrible de la dictadura de Pinochet. No vaya a ser cosa que producto de estas atribuciones que nos “metan una CNI”. Pero la solución es diametralmente opuesta. Acá hay un sistema político e institucional que funciona. La gente ya se acostumbró a que el sistema para llevar a juicio a la gente sea público y transparente, y no entre cuatro paredes. Si en definitiva lo que quiere el sistema de inteligencia es prevenir que se comentan tres tipos de delitos: narcotráfico, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Esos son los ilícitos que persigue el sistema de inteligencia, busca evitarlos. Que haya una Agencia Nacional de Inteligencia me parece evidente y necesario.

¿Y ustedes podrían tener algún control sobre las actividades de la agencia?

No nos corresponde. Otra cosa es que la podamos usar (…). Mire un ejemplo. Se les achaca un atentado en España a dos chilenos involucrados en el caso bombas (Francisco Solar y Mónica Caballero). Las autoridades españolas han dicho que estuvieron varios días antes investigando. Hay imágenes de ellos. ¡Eso es labor de inteligencia! No estoy diciendo que ellos sean necesariamente culpables, estoy diciendo que lo que dice la autoridad española es que son culpables y por eso los van a llevar a juicio.

(Fuente:  http://diario.latercera.com/2014/08/10/01/contenido/reportajes/25-170595-9-sabas-chahuan-la-ley-antiterrorista-es-fundamental-para-resguardar-la-democracia.shtml  y selección de alcaino cortez)

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