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En el penal “los ex uniformados están retroalimentando la ira”, sostiene la ex presidenta del Consejo de Defensa y decana de Derecho de la Universidad Mayor.

por Guillermo Turner – 05/10/2013 – 03:20

CLARA SZCZARANSKI confiesa que todo el revuelo alrededor de la reciente conmemoración de los 40 años del Golpe Militar le “afectó emocionalmente”. “Se trajo el pasado al presente y todos los que lo vivimos nos sentimos muy adoloridos”, señala. En su caso, ese pasado incluye más de una década de vida en el exilio, así como el recuerdo de “amigos y cercanos que desaparecieron y murieron”. Pero nada de ello mermó su decidida apuesta por un tratamiento más objetivo de los hechos, en particular cuando se trata de la aplicación de justicia.

Porque a la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado (1996-2005) y actual decana de Derecho de la Universidad Mayor le preocupa que los condenados por delitos de derechos humanos estén recibiendo penas realmente justas, que consideren las diferencias individuales, evitando privilegios, pero sin que se les niegue, por ejemplo, acceso a beneficios carcelarios que por ley les correspondan. Conoce sus casos, los ha visitado en Punta Peuco y también recorrió las ahora clausuradas instalaciones del penal Cordillera.

Hace nueve años, nadando contra la corriente del momento, planteó la tesis de la obediencia forzada, según la cual no se puede considerar de igual forma la responsabilidad de subalternos y superiores al interior de las Fuerzas Armadas. “¿Qué es ser culpable?”, se pregunta Szczaranski. “Entre varios elementos, hay uno fundamental: la exigibilidad de otra conducta conforme a derecho. Si a mí me dicen que cometa un determinado homicidio y yo puedo evitarlo, soy culpable. Pero si no tengo alternativa, yo no soy culpable”, agrega.

¿A eso hace referencia la obediencia forzada?

Exacto, y hubo varios militares que fueron asesinados delante de sus compañeros por desobedecer órdenes. Uno que recuerdo en particular es el del cabo (Michel) Nash. Le dieron orden de disparar por la espalda a un grupo de personas y él se negó. Entonces, le dispararon y lo mataron. Es un claro ejemplo de fuerza física sobre el subalterno. Pero además hubo una violencia moral tremenda sobre los subalternos, porque en ese momento se informaban a través de bandos semanales que entregaba el mando, no había prensa ni Congreso funcionando, estaba suspendida la Constitución. Entonces, tampoco había para ellos libertad de criterio. Podía estar completamente manipulado.

¿La justicia, a su juicio, ha considerado este aspecto de la obediencia forzada?

Es que hay que verlo en cada caso, porque la justicia penal es personalísima. Algunos jueces tuvieron en cuenta lo de la exigibilidad y dialogaron mucho con el imputado y obtuvieron colaboración sumamente eficaz. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos de Paine, el ministro Solís logró desenterrar la verdad y recuperar la identidad y la historia en una investigación muy bien desarrollada. En ese caso, los imputados tuvieron estímulos para colaborar y no se aplicó, algo que es muy injusto, la ley pareja, porque no puede ser la misma para el que tiene el poder de mando y el que tiene que obedecer o el que tiene toda la información versus el que tiene información parcial.

En simple: de acuerdo a la obediencia forzada, ¿los mandos superiores tendrían mayor responsabilidad que los subalternos?

Necesariamente. Las Fuerzas Armadas funcionan de forma vertical. Pero los mandos, en todos los países, se responsabilizan. Aquí hubo una negación brutal que dejó a los segundos y terceros con toda la carga del problema. Además, a los superiores más altos que se condenó los tuvieron en una condición de privilegio en el penal Cordillera. Yo creo que hay un resentimiento muy grande entre la gente que está en Punta Peuco, a los cuales se les atribuyeron muchas responsabilidades, que no dudo sean ciertas, pero que debían ser consideradas en función de su personal culpabilidad. Y respecto de quienes los mandaron, debió verificarse en una situación de mayor gravedad penal. Tengo claro que muchos estarán en desacuerdo, pero esto tiene relación con una cuestión previa: ¿para qué es la pena? Destacados penalistas dicen que uno no puede con la pena compensar el mal causado por el delito. No es una cuestión de ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pena podría ser equivalente a la tortura o el asesinato? Perseguir la equivalencia es ilógico. La pena tiene otro sentido: confirmar la vigencia de la ley que prohíbe que estos delitos se cometan. Por eso que es muy importante el debido proceso y determinar las verdaderas culpabilidades, a través de estímulos procesales a quien está siendo interrogado y, finalmente, aplicar la pena justa. Se trata de reafirmar la importancia del derecho.

¿Y las penas aplicadas han sido correctas?

Se ha cometido un error tremendo. Primero que todo, en este país no hay derecho penitenciario, ni jueces de ejecución de penas ni fiscales de ejecución de penas. Los países más avanzados llevan el pulso de cómo reacciona el condenado a la pena y van proponiendo modificaciones. Hay que considerar, además, que la pena de presidio no es la única que existe. Estos militares cometieron delitos de contexto histórico, en el cual se hizo posible que fueran perpetrados. Ese contexto hoy no existe, por lo que difícilmente esas personas podrían hoy repetir esos delitos. Entonces, el peligro social, como razón para tenerlos encerrados, no existe. Eso es grave. No significa que deben estar libres y sin pena. Lo que me crea un problema es que se aplique la pena de encierro como una especie de automatismo: un encierro, muy largo y sin permisos. La pena de encierro es para los que son peligrosos y no para ningún otro. Si los tenemos encerrados juntos, estamos creando un satélite al margen de la sociedad chilena.

Pero parece que hoy la sociedad sólo considera justa la pena de cárcel y la misma cárcel que los delincuentes comunes.

Pero igual no es la misma cárcel, porque es Punta Peuco.

Por lo que algunos sectores piden cerrar también Punta Peuco. ¿Eso sería correcto?

Yo creo que estos presos militares tendrían una mejor chance de interactuar con la civilidad si estuvieran distribuidos y no confinados en una cárcel sólo para ellos.

Pero las cárceles para uniformados son comunes en otros países.

Es que hay delitos militares que no son delitos de lesa humanidad. Y en los casos de crímenes de guerra, hay protocolos, se respetan los rangos, etc. No es el caso en la situación que analizamos. Aquí están condenados no por la justicia militar, sino por la justicia civil, a cumplir penas del código penal de delitos comunes. Debe haber cáceles especiales por razones de seguridad, pero hay un límite en esto de tenerlos a ellos exclusivamente encerrados en el mundo en el que cometieron los delitos. Eso es lo que se perpetúa respecto de ellos. Por eso que uno se pregunta para qué sirve esta pena. No sirve para nada, salvo para dar la señal de que se está haciendo algo. Ese algo yo creo que se hace con la sentencia de condena y no con la ejecución de pena.

Pero esa señal es política. El Presidente alude a la igualdad ante la ley para cerrar Cordillera, pero al final es una decisión política.

No sé si la igualdad se encuentra en Punta Peuco. Yo habría pensado, en ese caso, en Colina o una cárcel de alta seguridad, pero para criminales de mayor riesgo. Lo que encuentro que es verdad en lo que dice el Presidente es que el penal Cordillera tenía extraordinarias diferencias. Yo lo recorrí y parecen unas cabañas de veraneo. Vivían en casitas que parecen normales. Eso no tiene aspecto de cárcel, salvo por los muros exteriores. Creo que esa situación de privilegio, que se une a varias otras, como conservar los rangos y algunos privilegios de sus rangos, es equivocado. Las personas debieron haber quedado despojadas de toda calidad militar y en la condición de todos los reos. Pero Punta Peuco sigue siendo un lugar privilegiado, y perversamente privilegiado, porque están retroalimentando la ira, el malestar. Están un poco enfermos desde el punto de vista sicológico, lo que se nota cuando conversas con ellos.

¿Usted los ha ido a visitar?

Sí, fui con alumnos de la facultad. Yo estoy metida en todo esto porque me importa mucho el tema de la culpabilidad y porque no creo en la Ley del Talión. Para mí, la pena, el sentido de justicia no es venganza, sino simplemente un reproche jurídico que afirma, categóricamente, que eso no debe ser y le impone consecuencias al imputado, fundamentalmente tratar de hacerlo volver a los criterios sociales normales. Pero nunca he entendido que la pena se limite a ser castigo y sólo de cárcel. Hoy el encierro es un anacronismo. Ahora, estoy totalmente clara que para las víctimas ese paso cultural no se ha dado y, además, está empeñado por el dolor y la pena, por lo que se aferran al castigo.

Si debieran estar en la misma condición, también deberían recibir los beneficios carcelarios.

Obvio.

¿Los reciben hoy?

No, muy poco. De hecho, cuando fuimos a Punta Peuco vimos a muchas personas muy enfermas. Algunos con cáncer, otros teniendo que usar pañales. Ahí hay inhumanidad. Hay que tener en cuenta la edad y la enfermedad de las personas. Tengo muy claro que lo que estoy diciendo no es aceptado casi por nadie. No se les quiere dar un trato humano y se justifica eso como una manera de apalancar la historia, para que nunca más ocurra. Pero ese no es el método. Esa dureza se replica en lugares como Guantánamo: cárceles para ciertos personajes que están al margen del derecho, como terroristas y criminales de lesa humanidad. Hay teorías en ese sentido, que plantean que ese tipo de delincuente está fuera del pacto social. Yo eso lo encuentro ilógico y aberrante, porque el derecho penal se hace para los criminales. No se le aplica a una persona que no comete delito y no sé si, por ejemplo, la violación de una guagua por su abuelo no es aberrante de una manera espantosa o una persona que mata a toda su familia. Los criminales necesitan el derecho penal para que la sociedad no abuse arbitrariamente del poder de castigo. Pero aparece una categoría súper especial de delincuente: los terroristas y criminales de lesa humanidad, y se dice que están fuera del pacto social y, por lo tanto, no tienen derechos constitucionales. Eso es ilógico y carente de fundamento, porque no creo que haya criminales angelicales. Hay cosas que hacer por las víctimas y hay cosas que hacer por los hechores, y creo que la consigna debiera ser a cada uno, lo que le corresponde en derecho, sin discriminaciones a favor o en contra.

¿El derecho se ha visto sobrepasado por la política?

Estoy absolutamente de acuerdo.

¿La Corte Suprema ha estado a la altura?

No quiero juzgar a la Corte Suprema, pero hay que pensar que todas las personas que viven en Chile están gravadas por la historia y la cultura y cómo esta se ha planteado mayoritariamente. Entonces existen cosas que no sólo son jurídicamente fundables, sino que aparecen como éticamente correctas, y la Corte Suprema, últimamente, le ha dado mucho más peso que antes al contenido ético y de justicia material de los fallos. Se ha ido alejando del exceso de formalismo. Ellos son ciudadanos como el resto y tenemos este proceso cultural que, así en lo más simple, se reduce a considerarlos criminales distintos. No se sustraen de eso ni los jueces.

¿Tiene sentido seguir tras investigaciones como la posible sedición o la responsabilidad de grupos radicales a comienzos de los 70?

Una investigación judicial al respecto es una tarea innecesaria. Lo que sí tiene sentido es descubrir respecto de cada víctima qué le sucedió. Sería inteligente buscar colaboración de quienes pudieron hacer el daño.

 

(Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/10/674-545595-9-clara-szczaranski-punta-peuco-sigue-siendo-un-lugar-perversamente-privilegiado.shtml  y selección de Alcaíno Cortez)

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